El proyecto de Modificaciones al Código Electoral y Régimen Electoral de transición propuesto por la Corte Nacional Electoral reúne, entre muchas, las siguientes 12 fortalezas:

1. Garantiza la cualidad institucional del Organismo Electoral que le asigna la Constitución Política del Estado, es decir garantiza su independencia y autonomía como cuarto poder del Estado Plurinacional.

2. La depuración se realizaría tras no participar en 2 procesos eleccionarios siempre que sean estos de nivel nacional.

3. Mayor control nacional del padrón sobre las actualizaciones departamentales; se amplía la comunicación interinstitucional.

4. Si bien el padrón es un documento de orden público, amplía las posibilidades de que se lo remita a instancias públicas con fines investigativos y judiciales. Se hace, por tanto, más confiable y transparente.

5. En procesos referendarios se da oportunidad a la propaganda o campaña que promueva una u otra opción desde la ciudadanía.

6. El nuevo sistema de puntos garantiza la aplicación de sanciones y busca incrementar la responsabilidad de los emisores respecto al mensaje. Asimismo, garantiza la igualdad entre los medios de comunicación.

7. Se clausuran las posibilidades de utilizar la gestión pública como parte del proselitismo político (específicamente la entrega de obras públicas).

8. Garantiza que sea el Organismo Electoral el que pueda disponer de la fuerza pública cuando a una determinada opción se le coarte el derecho a difundir y promover la misma. Por tanto, se garantiza la libertad de expresión y propaganda.

9. Garantiza que el voto sea secreto, único y personal estableciendo sanciones ante denuncias que muestren lo contrario y logren ser comprobadas.

10. Establece la creación del documento único de registro electoral.

11. Establece el registro de los votantes residentes en el exterior y lo condiciona a tiempos técnicos, no así políticos. A la vez, desembaraza el tema del Poder Ejecutivo, estableciendo que los encargados serán funcionarios del Organismo Electoral.

12. Prorróga el mandato de vocales nacionales y departamentales hasta que se haga efectiva la elección de sus sucesores. Garantiza el funcionamiento del Órgano Electoral a pesar del clima político.

Ahora le toca al Congreso.